Acoso laboral en la SEP

Por: Dulce Jurado*

Se ha dicho muchas veces que el trabajo engrandece a las personas. En el contexto actual, la certidumbre laboral es uno de los temas que más preocupan. Basta señalar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el primer trimestre de 2022, más del 50 por ciento de la población ocupada se encontraba en la informalidad.

De acuerdo con el Convenio sobre la Violencia y el Acoso (2019), emitido por la conferencia general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las expresiones de violencia y acoso en el mundo del trabajo son:

  1. El conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o amenazas; ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, y
  2. La expresión “violencia y acoso por razón de género” designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que, entre las manifestaciones del acoso laboral, trato hostil o vejatorio (mobbing) se pueden visibilizar las siguientes:

– Designar los peores trabajos o más degradantes.

– Designar trabajos innecesarios, monótonos o repetitivos, sin valor o utilidad alguna.

– Tareas por debajo de las cualidades, habilidades o competencias habituales del trabajador.

– No asignar ningún tipo de trabajo.

– Exceso de trabajo (presión injustificada, establecer plazos imposibles de cumplir)

– Acciones de desestabilización: cambios de puesto sin previo aviso, intentos persistentes de desmoralizar o retirar ámbitos de responsabilidad sin justificación.

– Restringir posibilidades de comunicación por parte del superior o de los compañeros.

– Traslado a un puesto de trabajo aislado.

– Ignorar a la persona o no dirigirle la palabra.

– División entre compañeros de trabajo al enfrentarlos o confrontarlos.

– Entre otras más.

Desafortunadamente, el espacio laboral, que debe ser un lugar seguro para el pleno desarrollo profesional de las personas, no lo es, debido a las expresiones de violencia y acoso, en particular hago referencia al sector educativo.

Como una de sus integrantes, al desarrollar mi labor al frente de un grupo, he tenido oportunidad de conocer un sin número de experiencias que se suman a la vida cotidiana de las personas docentes.

Debido a la variedad de condiciones al interior del núcleo familiar, incluso a partir de zonas ya identificadas al interior de la capital del país, –una zona popular de la colonia Peralvillo no será la misma que algún lugar de alcaldías como Miguel Hidalgo o Benito Juárez— producen hechos que deben tratar las personas docentes.

En la actualidad, quienes integramos este sector productivo, tanto administrativos y de apoyo, tenemos poca información de cómo actuar para atender a un menor de edad que requiere una atención especial.

De manera lamentable, dentro de esta atmósfera laboral, carecemos de las herramientas para identificar, de manera clara, cuando un menor es sujeto a violencia familiar, con la idea básica –como funcionario del Estado mexicano— a garantizar el abanico de derechos que los menores tienen como personas.

Hay que recordar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde México es integrante y signante, que nos obliga a proteger a los infantes en sus garantías básicas, llámese la vida, salud, alimentación, seguridad, acceso al agua potable, a la educación y un largo sinfín.

Los invito a reflexionar que, como docente profesional, ni siquiera tenemos acceso a algo que se parezca a un protocolo para actuar en estos casos, que seguro ustedes también enfrentan de manera cotidiana; estoy convencida que debemos mantener un entorno laboral dinámico y en armonía con el objetivo claro de proteger sobre todas las cosas a nuestros infantes.

Es necesario reconsiderar el denominado “Buzón escolar” –que en los hechos no funciona; y que, incluso, se usa para generar represalias, que, por decir lo menos, los involucrados en ofrecer una respuesta son a la vez: juez y parte— y consensuar una mejor opción para hacer llegar las peticiones, en tiempo y forma, para mejorar nuestros entornos laborales.

Sin duda alguna, estos temas pasan por la representación sindical; la misma que no muestra interés para solucionar problemas tan delicados como estos, pero más aún, carece de una representación jurídica, real y contundente, que defienda el interés de sus integrantes.

Uno de los elementos más reiterados entre la comunidad sindical está relacionado a la poca empatía y falta de sensibilidad para manejar conflictos al interior de los centros escolares, pero por nuestro bien, y el futuro de nuestra infancia, tenemos la oportunidad, hoy, de hacer valer nuestra necesidad como empleados del sector educativo nacional, como profesionistas, pero, sobre todo, como personas.

Por este motivo, los invito a ser partícipes y aterrizar un modelo de trabajo dinámico, diferente, al interior de nuestra organización sindical y hacer, en los hechos, un ambiente laboral digno para sus integrantes, para los infantes y dejar, así, ser parte de la estadística del acoso laboral.

*Dulce Jurado, es maestra de educación básica en la Secretaría de Educación Pública de México, donde trabaja por la excelencia en la educación de las niñas y los niños y se ha caracterizado también por su incansable lucha en la defensa de los derechos de las maestras y los maestros.

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