La legisladora Elizabeth Mateos Hernández ha propuesto que mediante un proyecto de decreto se adicionen fracciones a la Ley De Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la CDMX, para que la ciudadanía pueda conocer claramente el actuar de sus autoridades.
La coordinadora de la AP Mujeres Demócratas declaró “Uno de los pilares bases de cualquier gobierno democrático es el derecho de acceso a la información, como elemento fundamental que permite a los ciudadanos conocer el actuar de sus autoridades fomentando de esa manera el pleno ejercicio de rendición de cuentas, combate a la corrupción y la buena administración.”
Destacó también la transparencia como un deber del estado. Poner a disposición de los ciudadanos la información pública para reconocer el uso de los recursos públicos.
Explicó que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato con recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podía ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que señale la ley.
Mateos Hernández señaló que pese a las acciones que se toman actualmente para compartir el informe de actividades de las alcaldías la información no resulta fácilmente accesible ni se publicita de manera adecuada.
El derecho a la información, donde se contempla aspectos fundamentales como la transparencia y la rendición de cuentas, se debe de traducir en el conocimiento del actuar de las autoridades y el uso de los recursos públicos.
La legisladora Elizabeth Mateos Hernández, puntualizó la necesidad de establecer como una obligación de transparencia específica de las Alcaldías de la CDMX, mantener actualizado y publicitado en sus medios impresos y electrónicos, los informes que generen derivado del ejercicio de sus funciones, para que los ciudadanos mantengan bajo escrutinio público el actuar de sus gobernantes.
