Por: Andrés Rodríguez
Estudié ingeniería mecánica, al último semestre tomé la materia de desarrollo de proyecto, un proyecto integrador para aprender a realizar un proyecto de tesis para titulación. En dicha materia, el profesor siempre, en todas las clases fue muy insistente en no infringir las leyes de derecho de autor, de propiedad intelectual, en no cometer plagio.
Es permitido citar a otros autores, tomar fragmentos de otros trabajos para indicarlos como referencia y sustento de lo que exponemos en nuestro propio trabajo. Para ello, se debe indicar correctamente el origen de esta información, dar la información de la publicación, autor, fecha de emisión y dónde se pueden consultar dichos documentos.
Es un proceso tedioso a veces, pero necesario, para que se respete el derecho de la propiedad intelectual. Para evitar que alguna persona, con toda facilidad tome el trabajo de otra persona y lo presente como propio con diversos fines.
Las consecuencias de cometer plagio son (o deberían de ser) graves; es un robo, robo de los resultados de trabajo, dedicación, esfuerzo, creatividad, ingenio, sacrificio, tiempo y entrega.
Considerando así, el rigor que se tiene en una escuela de ingeniería por el cuidado de la ley de derechos de autor y lo que implica robar el trabajo de otras personas, podemos tachar de burdo el hecho que una de las representantes del máximo nivel del ejercicio de la impartición de justicia y defensa de las leyes, se mantenga en su puesto a pesar de las evidencias del plagio cometido para la presentación de su tesis de licenciatura y su tesis de doctorado.
La ministra involucrada ha tratado de defenderse con incongruencias, inconsistencias y “pruebas” que no clarifican nada. Con cartas de sus profesores que “dan fe” de su honorabilidad, con declaraciones inexistentes del primer autor de la tesis en las que él se declara culpable o argumentando que fue ella la víctima del plagio, aunque su tesis fue emitida un año después que la original.
Después de la defensa mediática, comenzó el contrataque mediático. Inferir que el tema del plagio era un ataque con índole de violencia de género, buscando evitar que una mujer llegara a la presidencia de la suprema corte de justicia. Fundamentación descartada, ya que una mujer preside la suprema corte.
Si no fuera suficiente, continuaron los ataques jurídicos a su alma máter, la máxima casa de estudios de México. La UNAM, al comenzar su investigación y evaluación mediante el comité de ética para determinar alguna resolución en torno al conflicto, recibió la orden judicial de no emitir ninguna resolución, de no difundir información alguna con relación al caso; básicamente no darle seguimiento al tema.
Las intenciones de la magistrada de no ser destituida de su puesto son más que claras, se escucha increíble, pero parece que existe la esperanza de que el plagio pudiera no traer consecuencias para ella. Persistencia y obstinación.
¿Podrá salirse con la suya? ¿A cambio de qué? Algunas personas se atreven a creer, a pensar, que pueden librar las consecuencias de sus actos a costa de la historia y el prestigio de la máxima casa de estudios del país, perjudicando la veracidad y la confianza de los millones de titulados de esta institución, poniendo en tela de juicio la consistencia de sus resoluciones jurídicas en la suprema corte, dejando una bandera que defiende la posición de una supuesta criminal ocupando una silla en la suprema corte de justicia.
Porque eso es, y se debe afrontar. Una persona que toma el trabajo de otros y lo hace pasar por original comete robo a la propiedad intelectual. Una persona que se postula a un puesto público sin cubrir el perfil requerido, que pretende desempeñar una labor que requiere una total integridad y profesionalismo, sin cubrir todos los requisitos, sin poseer integridad ni profesionalismo, esa persona está cometiendo un robo a la nación. Con esto, la ministra es, por lo menos (hasta ahora), una supuesta criminal.
Esta situación es como si una pasante de derecho nos estuviera cobrando $205,599.00 al mes para las copias.
